Fotografìa de dominio público, tomada Pexels

David Quintana*

En América Latina, uno de los continuos esfuerzos en las últimas décadas ha sido la construcción de planes, políticas y programas que contribuyan a minimizar las históricas desigualdades en el acceso a la educación. (Payá, 2010). El Salvador constituye una evidencia de esta situación, al tomar en cuenta que, según el Plan Cuscatlán (2019), la cobertura en el nivel de Educación Parvularia es del 56%, mientras que en Educación Básica es del 79.6% y en Educación Media resulta ser del 36.89%; por lo que, el MINED  a través de la política nacional de educación inclusiva intensificó sus esfuerzos “con el interés de dar respuesta a aquellos segmentos de la población que se encuentran en condiciones de segregación, marginación y exclusión del sistema educativo” (MINED, 2010, p. 5). Sin embargo, esto no ha sido suficiente para garantizar el derecho a la educación, considerando que, la tasa de analfabetismo es del 14%, la mayor repitencia escolar, se da; entre el 1° y 6° grado de educación básica (MINED, 2010) y que un 7.5% de estudiantes de educación media termina por desertar de sus estudios (Plan Cuscatlán, 2019). En esta línea, el presente artículo tiene como propósito analizar ¿Bajo qué condiciones, la política de educación inclusiva puede favorecer el acceso, permanencia y egreso del estudiantado en el sistema educativo salvadoreño? Al respecto, se describen 3 importantes acciones que pueden tener incidencia significativa, según se expone a continuación.

En primer lugar, es necesario que la política de educación inclusiva, se desarrolle en el marco de una adecuada planificación y articulación con la agenda educativa de país, a fin que ésta posibilite gradualmente el acceso de la población a los centros de estudio. (MINED, 2010). Es decir, por un lado, es de suma importancia que, toda acción orientada a lograr este propósito, debe partir de un diagnóstico de las necesidades educativas de la población salvadoreña, logrando así que la política en mención, pueda focalizar sus esfuerzos de manera acertada, permitiéndole favorecer con pertinencia a los sectores más vulnerables, marginados y excluidos del acceso a la educación. (Muñoz, 2019). Por otro lado, es de pleno reconocimiento que en la actualidad, existe una serie de marcos normativos, tanto nacionales como internacionales, los cuales tienen como propósito, propiciar el goce del derecho a la educación (Constitución de la República de El Salvador, Art. 53) (Ley General de Educación, 1996) (Política Nacional de Educación Inclusiva, 2010), es necesario que éstos, más allá de situarse de manera aislada, se requiere  que, por el contrario, no sólo funcionen de manera cohesionada, sino que también, se actualicen en total correspondencia con los objetivos de largo plazo  de la agenda educativa del país (OEI, 2013). Situación que contribuirá, según Muñoz (2019) a que, los esfuerzos de la política de educación inclusiva, encaminados a incrementar el acceso a la educación, constituyan un interés colectivo del Estado y la comunidad educativa en general.

En segundo lugar, se requiere el desarrollo de prácticas pedagógicas de carácter inclusivo, las cuales favorezcan, la permanencia de los estudiantes en los diversos niveles del sistema educativo (MINED, 2010), lo que implica por una parte, acorde a Muñoz (2019, p. 21) que en el proceso enseñanza-aprendizaje; “se trata de pasar de un enfoque basado en la homogeneidad, a una visión de la educación plural y heterogénea,” desarrollando así situaciones estimulantes de aprendizaje, que incluyan la diversidad de necesidades educativas del estudiantado, favoreciendo así, su permanencia y/o progreso académico en los diversos niveles del sistema educativo. En esta línea, Paya (2010) señala que, se debe invertir en la formación de los docentes; con especial énfasis en atención a la diversidad. Por otra parte, se debe reflexionar y estimular en el claustro docente, la selección de criterios, modalidades, técnicas, e instrumentos de evaluación de los aprendizajes, que favorezcan la inclusión de estilos y ritmos de aprendizaje por parte de los estudiantes, quiénes a su vez, podrán valorar los resultados de su proceso formativo, como una oportunidad para mejorar y continuar sus estudios. (CONED, 2016)

En tercer lugar, se requiere en el corto, mediano y largo plazo, el fortalecimiento de aspectos económicos, sociales y culturales que generan incidencia directa en el acceso, permanencia y egreso del sistema (MINED, 2010). En tal sentido, es de vital importancia, construir los mecanismos que contribuyan a mejorar la situación económica de las familias salvadoreñas, dado que, este es un factor que excluye a un alto porcentaje de niños y jóvenes para poder acceder y permanecer en los centros de estudios. (MINED, 2009). Así mismo, es de interés prioritario, reducir los problemas que genera el contexto social y cultural en el que se desarrollan los niños y jóvenes, es decir, se trata de minimizar los niveles de violencia social y violencia escolar, que se experimenta, tanto en los hogares, como en la comunidad y en los mismos centros escolares, convirtiéndolos en espacios de armonía y convivencia, que favorezcan el acceso a los centros de estudio. (MINED, 2015). En esta línea, acorde a la OEI, (2013, p. 41) “se debe articular con los diversos procesos y cualidades de la comunidad, con sus detalles, relaciones y dinámicas,” para aportar al acceso y permanencia de la población estudiantil con equidad e igualdad de condiciones. De esta manera, queda en evidencia, la importancia del abordaje de los aspectos económicos, sociales y culturales como factores potenciales de inclusión de niños y jóvenes al goce y cumplimiento del derecho a la educación, expresado en la política de educación inclusiva. 

A partir de lo hasta aquí abordado, puede concluirse que para que la política de educación inclusiva pueda propiciar el acceso, permanencia y egreso del estudiantado del sistema educativo salvadoreño, resulta viable el desarrollo de 3 importantes acciones a saber: 1) la articulación de la política con los objetivos de la agenda educativa del país, 2) el fomento y desarrollo de prácticas inclusivas en los centros de estudio y 3) el fortalecimiento de los componentes económicos sociales y culturales que ejercen una influencia directa en el acceso a la educación. En este sentido, la primera tiene que ver con la necesidad de vincular los propósitos de la educación inclusiva con los objetivos de país, a fin de generar mayor impacto en la búsqueda de acciones colectivas que favorezcan el acceso a la educación, mientras que la segunda, centra su interés en el componente pedagógico expresado en el desempeño del docente, en tal se sentido, es de suma importancia la sensibilización y formación, en atención a la diversidad, a fin de generar prácticas inclusivas que, estimulen el aprendizaje y que al mismo tiempo; favorezcan el progreso académico de las y los estudiantes, en los diversos niveles educativos, y finalmente, la tercera de las acciones propuestas en este artículo, hace referencia a la importancia de fortalecer los aspectos económicos, sociales y culturales implícitos en los procesos de formación, convirtiéndolos en pilares fundamentales para el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo, según lo expresa la política de educación inclusiva.

Referencias bibliográficas

Asamblea Legislativa. (1996). Ley General de Educación. El Salvador: Tomo 333, D.L 917.

CONED. (2016). Plan El Salvador Educado. Por el derecho a una educación de calidad. El Salvador: Impredisa.

GOES. (Educación. Plan Cuscatlán). 2019. El Salvador. Obtenido de https://www.plancuscatlan.com/documentos/plancuscatlan_educacion.pdf

Legislativa, A. (1983). Constitución de la República de El Salvador. El Salvador: Tomo 281, D.L 38.

MINED. (2009). Plan Social Educativo «Vamos a la escuela» 2009-2014. El Salvador. Obtenido de http://cuscatlan.mined.gob.sv/downloads/Institucional/programa-plan-social-educativo-vamos-a-la-escuela.pdf

MINED. (2010). Política de Educación Inclusiva. El Salvador: www.transparencia.gob.sv/institutions/MINEDUCYT/documents/9127/download.

MINED. (2015). El sistema integrado de escuela inclusiva de tiempo pleno en El Salvador. San Salvador. Obtenido de https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/sv_0201.pdf

Muñoz, C. A. (2019). Educación Inclusiva en El Salvador. Una reflexión desde las Políticas Educativas. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, XIII(1), 21-36. doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782019000100021

OEI. (2013). Desafíos de la educación inclusiva en El Salvador. El Salvador. Obtenido de https://www.academia.edu/9378061/Desaf%C3%ADos_de_la_educaci%C3%B3n_inclusiva_en_El_Salvador

Payá, A. P. (2010). Políticas de educación inclusiva. Propuestas, realidades y retos de futuro. Revista Educación Inclusiva, III(2), 125-142. Obtenido de https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/209

* Catedrático e investigador de la Universidad Luterana Salvadoreña