Editorial ULS
El incremento al salario mínimo en El Salvador se ha convertido en la última manzana de la discordia entre el Gobierno y la Empresa Privada. Justamente, el pasado 04 de diciembre, el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) aprobó un incremento que se haría efectivo a partir del 01 de enero del 2017, el cual beneficiará, según un estudio del Banco Central de Reserva (BCR), a un total de 367,863 hogares, a través de mayores ingresos familiares que representan un 19.9% del total de hogares proyectados para 2017. Actualmente existen 9 salarios mínimos dependiendo del sector de ocupación, el último incremento se acordó en 2013, que consistió en un aumento del 12% distribuido en tres años con un 4% cada uno.
Un 35.6% de los trabajadores actualmente reciben salario igual o menor al mínimo, que representan un total de 522,154 trabajadores. Con el incremento propuesto, 560,093 trabajadores tendrán mayores ingresos, en términos de hogares esto se traduce en que un 19.9% se verán beneficiados con la medida, según el BCR.
El gobierno argumenta que el aumento reducirá la pobreza, aumentará el consumo de la población trabajadora, aumentarán las ganancias de las empresas, estimulará el crecimiento económico y no tendría gran impacto en la inflación. Ciertamente, el aumento aprobado ha revelado dos posiciones bien precisas. El presidente del Banco Central de Reserva, Oscar Cabrera, señaló que el aumento tendrá un efecto multiplicador por un mayor consumo de la población al tener más disponibilidad de efectivo, en evidente defensa de los conceptos keynesianos de la economía capitalista. Al respecto resaltó que el mayor peso en los costos de las empresas son los insumos que utilizan para su producción y no los salarios.
Por su parte, la Iglesia católica ha elogiado el aumento. El máximo jerarca, Monseñor Escobar Alas, ha tipificado el aumento de justo, y que, si bien aún es insuficiente, es un paso más hacia la justicia social. El arzobispo aseguró que era la primera vez que los representantes laborales votan por la propuesta de los trabajadores, señalando que el aumento es un buen paso para la dignificación de los trabajadores. “A nosotros como iglesia nos complace que se haya anunciado, si bien hubiéramos querido que fuera mayor el aumento, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Pensábamos que 300 dólares es poco, pero sería ya un salario más digno para todos”. Y solicitó a los empresarios ser solidarios con los trabajadores y no oponerse al incremento e hizo un llamado a la empresa privada a no pensar solo en ellos, si no en el bien de sus trabajadores. El prelado se preguntó “quién de ellos va al supermercado y subsiste con su familia con 300 dólares, nadie”, apuntó. De igual forma, otras organizaciones sindicales han aplaudido el aumento salarial.
Por su parte, la empresa privada contradice esta posición, afirmando que el aumento acarrearía problemas en las planillas de las empresas y la subsistencia del sector agrícola, además de que podría tener un efecto cascada en los productos de la canasta básica. Incluso, algunas empresas han amenazado con despidos y cierres de empresas. Según el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, el gobierno aprobó el aumento de forma caprichosa, ilegal y sin transparencia, señalando por un lado que está a favor del incremento, pero, por otro lado, rechaza la forma en que se decidió. Del mismo modo, el principal partido político de oposición, ARENA, en la misma línea de la Empresa Privada reprueba el aumento al salario minino.
Es importante apuntar que, en El Salvador, el valor de la canasta básica ampliada ronda los 383 dólares en el área urbana y los 265 en el área rural. A pesar de que con la nivelación de salarios aún no se cubre el costo de la vida, los trabajadores y sus verdaderos representantes reconocen que es un paso importante en el reconocimiento de los derechos de las mayorías. A lo que se suman los salvadoreños y salvadoreñas de las más diversas áreas (productivas, académicas, religiosas, entre otras), quienes aprecian esta medida que, si bien aún no es suficiente, al menos significa un avance en las luchas reivindicativas de los y las trabajadoras.
Destacamos que anteriormente no se había logrado el aumento porque los supuestos representantes del sector laboral en el Consejo Nacional del Salario Mínimo respondían a los intereses de los patronos. Ahora, con la nueva elección, por vez primera la representación laboral responde a los intereses de los trabajadores. El Consejo Nacional del Salario Mínimo es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y está integrado por siete miembros: tres representan al interés público, dos al interés de los trabajadores y dos al de los patronos.
Lo cierto es que en este tema quedan bien marcados los intereses de los que por lo menos abogan por un pago de salarios más justo y el de empresarios privados ligados a sectores de la derecha política, los cuales insisten en mantener salarios de miseria incluso con jornadas laborales que en algunos casos evocan los inicios del capitalismo industrial en Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados Unidos, con las consiguientes protestas y revoluciones de finales del siglo XIX y del XX. El Salvador en Centroamérica es el país con el salario mínimo más bajo, después de Nicaragua, precisando que el costo de vida de este último es el más barato de la región centroamericana.
El aumento al salario mínimo es un acto de justicia, no debe verse como una acción caritativa, ni mucho menos como un oportunismo político. El aumento no afecta las ganancias de los empresarios. El estudio del BCR citado, afirma que la ganancia empresarial representa alrededor del 58% del PIB. Se estima que las ganancias en el año 2014 fueron de 14.500 millones, en el 2015: 15,000 millones (creció 3.4%), en el 2016: 15,630 millones (creció 4.2%). y en el 2017 se estima que será de 16,270 millones, pues el BCR estima que crecerá 4.1%. es decir, la ganancia no se afectará, sino que crecerá un 4.1% porque aumentarán el consumo de la población y la venta de las empresas.
El BCR estima que el 35.6% de la población trabajadora se beneficiará del aumento salarial. Estamos hablando de 522,154. El BCR se basó en la encuesta de hogares que hace la Digestyc para sacar este dato. Si se basa en las personas que cotizan en el ISSS y un porcentaje de la población campesina que no cotiza en el ISSS, el dato ronda los 370,000. Sin embargo, sea uno otro el dato, el aumento al salario mínimo es justo y no afecta las ganancias de la empresa privada.
Más allá de las apreciaciones oficiales, lo cierto es que el aumento al salario mínimo ya está generando un incremento desmedido a la canasta básica, sin que desde el Estado se cuente con herramientas para regular y sancionar estos abusos del mercado. La población queda desprotegida y las empresas no solo no pierden, sino que terminan ganando más de lo que ya ganan. Si la búsqueda de nuevos acuerdos de paz, anunciados por el gobierno, no incluye la difícil situación económica de los más débiles, estaremos frente a una mayor polarización social con costos electorales para el partido en el gobierno.