*Deysi Cheyne

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” , tres componentes vitales, íntimamente vinculados entre sí. A estas alturas, la ciencia ha confirmado la certeza de este vínculo y, específicamente, que la salud mental es crucial para garantizar la salud física y el bienestar social de individuos, comunidades y de la sociedad, en general.

La misma OMS señala que la salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Se trata de un estado de bienestar que permite a los individuos realizar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera productiva y fructífera, y hacer una contribución significativa a sus comunidades, permitiéndoles alcanzar sus propios objetivos. Esta incluye bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente .

Planteado así, la salud mental es un factor determinante para el bienestar individual y social y debería ser una prioridad no solo para el sistema de salud de los Estados, sino también para todo el espectro de las políticas públicas sociales, económicas y políticas en cada país. La ausencia de salud mental en la población impacta directamente en el desarrollo humano y en la dignidad humana. Sin embargo, en todo el mundo, y de manera específica, en nuestro país, la salud mental no ha sido de interés público, incluso, ni siquiera para las personas afectadas por un trastorno mental.

En el marco de la pandemia, provocada por el Corona Virus desde principios del presente año, el sistema sanitario nacional se ha visto enfrentado a su mayor desafío en las últimas décadas. A cuatro meses de haberse decretado emergencia nacional, estamos enfrentando un colapso hospitalario que impide atender adecuadamente a las decenas de contagiados por el virus, y un manejo de la gestión pública poco transparente y confiable.

Más allá de la salud física de miles de salvadoreños/as, deteriorada por la enfermedad de covid-19, la salud mental de la mayoría de la población se encuentra en grave riesgo de sucumbir ante la desatención y desinterés del Estado, lo cual, irremediablemente, tendrá un impacto catastrófico en el bienestar social del país entero. Antes de la pandemia, la salud mental en El Salvador era marginal, tanto presupuestariamente como en voluntad política para su atención. Una evaluación realizada en 2007 indica que nuestro país ha tenido serias limitaciones en su sistema de salud mental, sobre todo en la atención primaria, así como una marcada insuficiencia de recursos humanos calificados. El presupuesto dedicado a la salud mental apenas representa 1% del presupuesto general de salud y los hospitales psiquiátricos situados en la capital consumen más del 90% de los fondos de salud mental . Tampoco se han formulado políticas ni leyes para regular este problema social, únicamente cuentan con planes nacionales con este escaso presupuesto.

Después de una larga guerra civil, cuyas secuelas nunca fueron atendidas en la post guerra, y las tres décadas posteriores a la guerra, caracterizadas por la violencia social más atroz que hemos conocido, debe suponerse que la salud mental colectiva e individual de nuestra sociedad ha estado y sigue estando en grave riesgo social. Y ahora, con la pandemia, generando muerte, luto, dolor, impotencia, frustración, miedo y la mayor incertidumbre que hallamos conocido, es indudable que lo que enfrentamos es un acumulado de lo más atentatorio contra nuestro bienestar mental, físico y social.

También sabemos que, si bien, los problemas de salud mental afectan a la sociedad en su totalidad, puesto que se trata de impactos negativos que repercuten en el ánimo colectivo debido a la interdependencia humana; no obstante, hay que tener claridad de que las consecuencias de estos fenómenos sociales son sufridos de manera distinta, según sea el género, la clase, la etnia, la diversidad sexual y otros factores humanos. “No hay grupo humano inmune, empero el riesgo es más alto en los pobres, los sin techo, el desempleado, en las personas con poco nivel de escolaridad, las víctimas de la violencia, los migrantes y refugiados, las poblaciones indígenas, las mujeres maltratadas y el anciano abandonado” . Tal situación y panorama no parece estar en la conciencia de quienes dirigen y deciden la cosa pública, corriéndose el riesgo de impedirnos, como sociedad, soñar con una convivencia más humana y digna.

En El Salvador se ha avanzado en el diseño e implementación de programas de protección de la salud mental en situaciones de desastre, sin embargo, la pandemia actual trasciende lo actualmente normado. Se requiere, ante todo, que el sistema de salud entienda que la salud mental es un pilar central para el bienestar general de toda la población, y que una política de salud mental no debe entenderse solo para atender trastornos mentales. La salud mental comunitaria debe ser promovida como factor de prevención y desarrollo y estar entre las prioridades sanitarias mejor atendidas. Este es el gran desafío, asumirlo requiere responsabilidad no solo del gobierno, principal responsable, sino también de todas las instancias de la sociedad civil vinculadas a este problema. Sin duda, las universidades y organismos no gubernamentales, especializados en este tema, también pueden y deben ofrecer ideas y aportar estrategias en la atención y prevención de nuestra salud mental.

1. Definición contenida en la Constitución de la OMS, que entró en vigor el 7 de abril de 1948.

2. OMS (2004). Invertir en Salud Mental. Ginebra, Suiza. Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias.

3. Rodríguez JJ, Barrett T, Narváez S, Caldas JM, Levav I, Saxena S. Sistemas de salud mental en El Salvador, Guatemala y Nicaragua: resultados de una evaluación mediante el WHO-AIMS. Rev Panam Salud Publica. 2007;22(5):348–57.

4. OMS (2004). Invertir en Salud Mental. Ginebra, Suiza. Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias. San Salvador, 15 de julio del 2020.